Por: Mariana Paterlini, Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS.
El 2 de octubre, en el marco del Think 20 (T20), se llevó a cabo en Río de Janeiro el evento paralelo titulado “Global Perspectives on the (Missing) Human Rights Component of Just Climate Transition”. En esta ocasión, se discutió la necesidad de integrar los derechos humanos en los debates y estrategias que promueven una transición climática justa.
El T20 es uno de los grupos de afinidad del G20, compuesto por think tanks y centros de investigación de todo el mundo. Su función principal es proporcionar análisis de políticas, ideas y recomendaciones para los debates del G20, actuando como un espacio de discusión entre expertxs, académicxs y líderes de opinión. Este evento fue organizado por Asuntos del Sur, el IDRC y el Institute E+ Energy Transition, y contó con la participación de investigadores y activistas del Sur Global, así como de Andressa Caldas, directora ejecutiva del Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del MERCOSUR, y Adrian Di Giovanni, líder del equipo de Gobernanza Inclusiva y Democrática del IDRC.
Durante el evento, José Aylwin presentó “Avanzando hacia una transición justa basada en derechos humanos a través de marcos nacionales, regionales e internacionales”, enfatizando la urgencia de sustituir los combustibles fósiles por fuentes de energía sostenibles y la necesidad de integrar los derechos humanos en la transición energética para enfrentar la crisis climática. La ponencia destacó la paradoja de que los países del Norte Global, responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, promuevan esta transición, cuyo costo recae desproporcionadamente sobre los países del Sur Global, donde se extraen los minerales necesarios, como el litio. Además, Aylwin advirtió que, a pesar de los avances en los marcos normativos de derechos humanos regionales e internacionales, la situación para los defensores de los derechos humanos y ambientales sigue siendo grave. Ante este contexto, la sociedad civil busca nuevas vías, como el litigio climático, para proteger los derechos de las comunidades afectadas y exigir un enfoque basado en derechos en la transición energética.
