Por: Manuel Olivera Andrade, CIDES-UMSA.
La actividad minera conlleva una serie de desafíos de sustentabilidad para los Estados, las empresas y los actores que viven en los territorios afectados por estas operaciones. Las preocupaciones acerca de los impactos sociales y ambientales de actividades extractivas e industriales son crecientes, particularmente en esta etapa de incremento de la vulnerabilidad climática en todo el mundo. El gran territorio circumpuneño, conocido también como triángulo del litio, que comprende los ecosistemas de puna y desierto de Argentina, Bolivia y Chile (ABC), no está ajeno a esta dinámica de expansión de las fronteras de extracción de minerales. El incremento exponencial de las inversiones mineras, tanto de capitales privados como públicos, en este gran territorio, es resultado de la alta demanda mundial de materiales como el litio y el cobre.
Para efectivizar esta expansión de la oferta de materiales, en general, en el sector minero se promueve la obtención de una licencia social. Se trata, en concreto, de una licencia informal de la comunidad para operar en el lugar, a diferencia de la licencia ambiental, que contempla el cumplimiento obligatorio de las regulaciones de cada país. Con la licencia social, la empresa busca reducir los riesgos de conflictividad ambiental y “riesgo social”; además, desea incrementar los niveles de confianza entre la empresa y las comunidades, a fin de brindar cierta legitimidad social a las actividades mineras. El caso de las empresas mineras del litio en ABC genera ya una serie importante de aprendizajes acerca de los alcances, limitaciones, contradicciones y controversias, en torno a los procesos de obtención de licencias sociales. Este aspecto es poco analizado en los medios y en la academia, pero es de suma importancia al momento de abordarse cuestiones relacionadas con la evaluación de derechos humanos, minería y pueblos indígenas.
El caso de la minería del litio en Bolivia, respecto a la obtención de esta licencia social, conlleva una serie de particularidades. Como es de conocimiento general, el gobierno boliviano viene ejecutando, desde 2008, un programa de inversiones, con fondos públicos. Actualmente, este programa está siendo dirigido por la empresa pública Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), principalmente a través de la producción piloto de sales de litio, iniciada en 2013, y el funcionamiento de una planta industrial de sales de potasio, en el salar de Uyuni, desde 2018. Como en la mayor parte de ABC, la producción de sales de litio y potasio en Bolivia, a partir de la salmuera de Uyuni, aplica una tecnología convencional basada en la evaporación de ingentes cantidades de salmuera, en piscinas de evaporación, así como el uso de agua dulce para operaciones en planta, que incluyen la refinación de sales.
¿Cuál ha sido la trayectoria de los procesos de obtención de la licencia social en el salar de Uyuni? En este artículo expongo solamente algunos de los principales momentos de este proceso, que se inicia, a diferencia de Argentina y Chile, a partir de la demanda regional sindical campesina de industrialización del litio, en los primeros años de la década de 2000. Hasta qué punto esta demanda regional es, o puede ser considerada una licencia social, es parte de la discusión. Aun así, mi planteamiento es que este sería un primer momento de involucramiento de la población local, a través de la dirigencia campesina en el sudoeste potosino, basada en una demanda de desarrollo regional.
Efectivamente, la licencia social puede ser entendida como el consentimiento de la población local al ingreso de una operación minera, y ello se habría dado implícitamente en ese primer momento de instalación del programa estatal. Sin embargo, el alcance de este permiso no es del todo claro y explícito en el caso del salar de Uyuni, en relación al uso de los acuíferos y de los espacios de las comunidades campesinas e indígenas, alrededor del salar. Las piscinas de evaporación y plantas están en el extremo sureste del salar; la comunidad más cercana a estas instalaciones se llama Río Grande. Ésta es una de las más de 50 comunidades de la provincia Nor Lípez, de tradición agropecuaria y minera, que conforman un territorio indígena titulado. Al norte, este y oeste, otras decenas de comunidades viven alrededor de la costra salina; pero pertenecen a otras provincias y territorios indígenas. Éstas, al igual de Nor Lípez, reclaman sus derechos territoriales sobre el salar de Uyuni, pero difieren en sus trayectorias y vocaciones de desarrollo.
La empresa pública YLB y el gobierno central aseguraron las condiciones de ejecución, disminuyendo el riesgo social asociado a esta heterogeneidad de actores en el salar de Uyuni, a través de cuatro condiciones: Primero, la implementación del programa boliviano se basó en la declaración de “Reserva Fiscal del Gran Salar de Uyuni” (1986 y 2003); segundo, se operativizó la denominación constitucional de recurso natural “de carácter estratégico” (2009), aplicable en este caso a litio y potasio; tercero, se determinó que el salar de Uyuni sea un “polígono independiente” sin circunscripción municipal (2013); y cuarto, se gestionó la licencia social con una sola comunidad (Río Grande), a través de acuerdos directos entre la empresa YLB y dicha comunidad (2014 y 2018).
Los tres primeros preceptos aseguraron el dominio exclusivo del gobierno central sobre la gestión minera del salar. El cuarto precepto aseguró una licencia social, que consistió en el acceso a fuentes de agua en el territorio de la comunidad de Río Grande, durante la fase piloto del proyecto en el salar de Uyuni, así como la contratación, de parte de YLB, de una empresa de dicha comunidad, dedicada al transporte de materiales. Es decir, la comunidad logró gestionar un beneficio monetario directo, a través de esta empresa local, de propiedad de la misma comunidad. Sin embargo, este mecanismo entró en crisis cuando YLB, a la vez de requerir mayores volúmenes de agua para la fase industrial, decidió unilateralmente romper el contrato de provisión de materiales con la empresa comunitaria local, generándose así un conflicto social importante en abril de 2024.
Los más recientes acuerdos con Río Grande se consiguieron en un contexto de imperiosa necesidad por asegurar la operación de la planta industrial del litio, inaugurada en diciembre de 2023. Ésta es la etapa reciente de gestión de la licencia social, que deriva de la resolución de dicho conflicto, y es, en principio, el resultado de la negociación entre esta comunidad y la empresa YLB. No obstante, queda la preocupación de que, a pesar de la protesta de la comunidad, no se haya renovado el contrato con la empresa local y se haya decidido contratar una empresa privada, conformada en una comunidad vecina. La desestimación de YLB de tomar en cuenta una empresa de Río Grande, como subcontratista de transporte, disminuyó estos ingresos locales, que fueron un logro de la primera etapa de gestión de la licencia social. Por ende, se podría decir que existe una involución de la gestión de responsabilidad social corporativa y participación social, avanzada hasta entonces. Finalmente, esto podría agravarse por la necesidad de nuevos permisos, para acceder a más acuíferos y espacios, por la llegada de proyectos de extracción directa de litio, dirigidos por corporaciones transnacionales chinas y rusas.
